El Consejo de la UE acuerda su posición sobre la Ley de Gobernanza de Datos

Se espera que la Ley de Gobernanza de Datos proporcione a la UE una ventaja competitiva en un mundo cada vez más impulsado por datos.

 

En un comunicado emitido el pasado 1 de octubre, el Consejo anunció  que los Estados miembros han acordado un mandato de negociación sobre la propuesta relativa a la Ley de Gobernanza de Datos (LGD). La finalidad de esta ley es promover una serie mecanismos de cesión de datos, que, entre otros aspectos, faciliten la reutilización de determinadas categorías de datos protegidos por el sector público, mejoren la confianza del público en los servicios de intermediación e impulsen el altruismo de datos.

 

La Ley de Gobernanza de Datos promoverá la reutilización de datos del sector público a la vez que se preserva la privacidad y confidencialidad.

 

La LGD complementará la Directiva sobre Datos Abiertos, que no cubre los datos del sector público y creará un mecanismo que permitirá la reutilización segura de determinadas categorías de datos del sector público que están sujetos a derechos de terceros, como datos protegidos por derechos de propiedad intelectual, secreto comercial y datos personales. En consecuencia, los organismos que autoricen esta reutilización necesitarán implementar una serie de medios técnicos que aseguren la privacidad y confidencialidad de la información. La posición del Consejo introduce mayor flexibilidad y respeta las provisiones nacionales existentes de los diferentes Estados Miembro.

 

La LGD promoverá la creación de un nuevo modelo empresarial para la intermediación de datos.

 

Los servicios de intermediación pueden facilitar la cesión de datos mediante la creación de entornos seguros tanto para las empresas como para los sujetos. Este modelo podría canalizarse a través de plataformas digitales y ayudaría a los interesados a ejercer sus derechos bajo el RGPD y garantizar un intercambio de datos con garantías legales. Una opción es diseñar elementos tales como espacios personales de datos o carteras de datos que ofrezcan un control absoluto sobre los mismos a la vez que estos se ceden a las compañías en que cada individuo confía.

 

Los intermediarios tendrían que formar parte de un registro que estuviese accesible a los sujetos, a fin de asegurar su confiabilidad, y sólo podrán utilizar los datos con la finalidad prevista, lo que implica que no se podrán vender ni emplear con una finalidad alternativa. El Consejo también ha aclarado qué empresas pueden ofrecer los servicios de intermediación de datos.

 

El fomento del altruismo de datos es otro de los objetivos de la Ley de Gobernanza de Datos, para permitir a las compañías y sujetos la cesión de datos por el bien común.

 

La propuesta de la LGD busca simplificar la cesión de datos de manera voluntaria para finalidades relevantes para el interés público, como la investigación. Las organizaciones podrán solicitar registrarse para recoger datos con objetivos de interés general, y aquellas que lo hagan serán reconocidas a  tales efectos en todos los Estados Miembro. Se espera que esta medida genere la confianza suficiente para motivar a los sujetos y a las empresas para compartir sus datos, y que estos puedan así usarse en el beneficio de la sociedad. En colaboración con las organizaciones altruistas y las partes implicadas, se desarrollará también un código de conducta al que dichas organizaciones deberían adherirse.

 

 

Se creará un Comité Europeo de Innovación en materia de Datos para asegurar la consistencia de las prácticas entre todas las organizaciones involucradas.

 

La LGD da lugar también a una nueva estructura, el denominado Comité Europeo de Innovación en materia de Datos, que se encargará de mantener la consistencia entre las organizaciones implicadas en la cesión de datos y aconsejará a la Comisión para la mejora de la interoperabilidad de los servicios de inmediación. Además, velará por la coherencia en la tramitación de las solicitudes de datos del sector público. Se espera que todos estos cambios en conjunto impulsen un mayor intercambio de datos mediante la generación de confianza sobre la seguridad y protección de los derechos y libertades.

 

 

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