La DPC irlandesa multa a Google con 403 millones de euros por sus prácticas relacionadas con datos de localización

La DPC irlandesa multa a Google con 403 millones de euros por sus prácticas relacionadas con datos de localización, al detectar infracciones en materia de licitud, lealtad, transparencia, responsabilidad proactiva y conservación de datos en tres funcionalidades relacionadas con la localización.

El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) ha informado de que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) impuso multas por un total de 403 millones de euros a Google Ireland Limited tras una investigación sobre el tratamiento de datos de localización. La autoridad también ordenó a Google adecuar dicho tratamiento a la normativa en un plazo de seis meses.

La investigación de la DPC examinó los tratamientos realizados entre el 25 de mayo de 2018 y el 4 de febrero de 2020 en relación con tres funcionalidades: Actividad en la Web y en Aplicaciones, Historial de Ubicaciones y Precisión de la Ubicación. La decisión concluyó que se habían producido infracciones relacionadas con la licitud y lealtad del tratamiento, la responsabilidad proactiva, la transparencia y la conservación de los datos. La decisión completa todavía no se había publicado cuando la DPC anunció el resultado, por lo que las conclusiones disponibles públicamente deben interpretarse atendiendo al nivel de detalle proporcionado por la propia autoridad.

La investigación abarcó tres funcionalidades con distintas funciones y contextos de uso.

Actividad en la Web y en Aplicaciones es una configuración de la Cuenta de Google que puede incluir el historial de navegación, el historial de búsquedas y la información de localización generada mediante el uso de los servicios de Google. Historial de Ubicaciones es un servicio opcional que registra la ubicación de dispositivos compatibles y utiliza la función Cronología para mostrar los lugares visitados, las actividades realizadas y las rutas seguidas. Puede continuar registrando la ubicación incluso cuando el usuario no está utilizando activamente un servicio de Google.

Precisión de la Ubicación es una funcionalidad de Android que ayuda al dispositivo a determinar su ubicación con mayor precisión que utilizando únicamente el GPS. A diferencia de las otras dos funcionalidades, puede aplicarse a usuarios de Android independientemente de que tengan o no una Cuenta de Google. Estas diferencias son relevantes porque la base jurídica, la información facilitada en materia de transparencia, las expectativas de los usuarios y los controles disponibles deben reflejar el tratamiento que efectivamente se lleva a cabo en cada funcionalidad.

La DPC detectó incumplimientos relacionados con la licitud, la lealtad y la responsabilidad proactiva.

La decisión concluyó que Google infringió el RGPD en relación con la licitud y lealtad del tratamiento de datos de localización efectuado mediante Actividad en la Web y en Aplicaciones e Historial de Ubicaciones. También determinó que Google no había demostrado el cumplimiento del principio de licitud, lealtad y transparencia respecto de los datos personales tratados a través de Precisión de la Ubicación.

Esta conclusión relativa a la responsabilidad proactiva resulta especialmente relevante para las organizaciones cuyos productos incluyen distintas configuraciones o servicios en segundo plano conectados entre sí. No basta con considerar que el tratamiento es lícito. Los responsables deben poder explicar la finalidad, los flujos de datos, la base jurídica, la experiencia del usuario y las garantías aplicables a cada operación de tratamiento, así como conservar evidencias que respalden dicha evaluación.

La transparencia debe explicar cómo se generan y utilizan los datos de localización.

La DPC detectó infracciones en materia de transparencia en las tres funcionalidades. El tratamiento de datos de localización puede resultar difícil de comprender para las personas, ya que los datos pueden obtenerse a partir de distintas señales, combinarse con otras actividades y utilizarse para inferir lugares, desplazamientos o intereses. La información distribuida entre distintas configuraciones de la cuenta y avisos relativos al producto puede no ofrecer una visión suficientemente clara si los usuarios no pueden comprender cuándo tiene lugar la recogida de datos y qué ocurre posteriormente con ellos.

La autoridad advirtió de que una información insuficiente podría hacer que las personas desconocieran que su ubicación estaba siendo utilizada, por ejemplo, para influir en la publicidad que reciben o inferir sus intereses. Por ello, los equipos de producto deberían comprobar si la información de privacidad refleja el ciclo completo del tratamiento, incluida la recogida en segundo plano, las inferencias, las configuraciones vinculadas, los usos posteriores y las consecuencias de activar o desactivar una funcionalidad.

Los controles ofrecidos al usuario deben corresponderse con el tratamiento subyacente.

La existencia de un interruptor visible no demuestra por sí sola que el tratamiento sea leal o transparente. Las organizaciones deberían analizar qué configuración se aplica por defecto, cuándo se presenta al usuario, si existen tratamientos relacionados que continúan realizándose en otros lugares y si las consecuencias de la elección se explican utilizando un lenguaje adecuado para el usuario. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, este deberá cumplir además los requisitos del RGPD de ser libre, específico, informado e inequívoco.

Las empresas deberían evitar considerar que el nombre de una funcionalidad constituye una descripción completa de las prácticas relacionadas con los datos. Si una función denominada, por ejemplo, historial de actividad también utiliza señales de localización, esta relación debería hacerse evidente. Cuando distintas funcionalidades utilicen datos que se solapan, las organizaciones deben explicar claramente las diferencias y garantizar que las elecciones del usuario se apliquen de manera fiable en toda la arquitectura técnica.

La conservación debe estar vinculada a una necesidad específica y demostrable.

La DPC también detectó infracciones relacionadas con la conservación de datos de localización en Actividad en la Web y en Aplicaciones e Historial de Ubicaciones. La autoridad señaló que conservar los datos de localización de los usuarios durante más tiempo del necesario agravaba la pérdida de control generada por los demás incumplimientos.

Los plazos de conservación deberían definirse para cada finalidad concreta, en lugar de aplicar un periodo genérico a todo un producto. Los responsables deberían poder explicar cuándo comienza a computarse el plazo de conservación, qué desencadena la supresión de los datos, si los usuarios pueden reducir dicho periodo y cómo se aplica la supresión a los datos derivados, las copias de seguridad y los sistemas conectados. La implementación técnica y la capacidad de demostrar la efectiva supresión de los datos son tan importantes como el periodo indicado en una política.

Los datos de localización requieren un enfoque basado en el riesgo, aunque no constituyan automáticamente categorías especiales de datos.

Los datos de localización pueden revelar un patrón detallado de los movimientos de una persona y, cuando se combinan con otra información, pueden poner de manifiesto visitas a lugares asociados con la salud, la religión, la política, las relaciones personales u otros aspectos de la vida privada. La sensibilidad de las conclusiones que puedan extraerse de estos datos debería tenerse en cuenta al evaluar la necesidad, la lealtad, la seguridad y el impacto sobre las personas.

Las organizaciones que desarrollen productos que utilicen datos de localización deberían considerar medidas como la minimización de datos, los controles sobre el nivel de precisión, el tratamiento local o en el propio dispositivo, plazos breves de conservación y un acceso claro de los usuarios a las configuraciones. Una evaluación de impacto relativa a la protección de datos puede constituir una herramienta de gobernanza especialmente importante cuando el seguimiento sea sistemático, se realice a gran escala o pueda generar inferencias significativas sobre las personas.

La decisión ofrece enseñanzas prácticas que van más allá de los servicios basados en la localización.

Las conclusiones resultan relevantes para cualquier organización que ofrezca funcionalidades digitales interconectadas. La gobernanza de la privacidad debería aplicarse a nivel de producto, en lugar de depender únicamente de una política de privacidad corporativa general. Cada funcionalidad debería contar con un responsable claramente identificado, flujos de datos mapeados, una base jurídica documentada, información de transparencia que haya sido adecuadamente revisada y una regla de conservación que pueda aplicarse en la práctica.

Los cambios en las configuraciones, las interfaces o las dependencias técnicas deberían dar lugar a una nueva evaluación. Los DPO deben disponer de acceso suficiente a los equipos de producto e ingeniería para comprender cómo funciona realmente el servicio, mientras que la alta dirección debería recibir información relevante y suficiente sobre los riesgos pendientes de resolver. La orden de adecuación en un plazo de seis meses también demuestra que las medidas de enforcement pueden exigir cambios operativos sustanciales, además de la imposición de una sanción económica.

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