Las visitas de la autoridad neerlandesa de protección de datos a los municipios revelan deficiencias recurrentes en el cumplimiento del RGPD

Las visitas de la autoridad neerlandesa de protección de datos a distintos municipios ponen de manifiesto deficiencias recurrentes en materia de gobernanza del RGPD, especialmente en los registros de actividades de tratamiento, las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos y la independencia de los delegados de protección de datos.

La Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos (AP) está realizando visitas de supervisión a distintos municipios para comprobar si las principales medidas de gobernanza exigidas por el RGPD funcionan en la práctica. Los primeros resultados publicados corresponden a Breda, Doesburg, Kerkrade y Groningen. En todos los casos, la AP ha centrado su atención en los registros de actividades de tratamiento, las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos (EIPD) y la posición del delegado de protección de datos (DPD).

Estas visitas se enmarcan en el Informe Sectorial de 2024 sobre el sector público de la AP, que concluía que, aunque los organismos públicos habían realizado avances, seguían teniendo dificultades para cumplir plenamente la normativa de protección de datos. Los municipios tratan grandes volúmenes de datos personales en ámbitos como los servicios sociales, el orden público, la fiscalidad, la concesión de licencias y permisos y la prevención del fraude. Por tanto, las deficiencias en los mecanismos básicos de gobernanza pueden afectar tanto a un elevado número de personas como a aspectos especialmente sensibles de sus vidas.

La AP comprueba si las medidas formales de cumplimiento del RGPD funcionan en la práctica diaria

Las visitas no se limitan a verificar si un municipio dispone de la documentación exigida por el RGPD. La AP examina si el registro de actividades de tratamiento es suficientemente completo y específico, si se realizan las EIPD cuando corresponde y si el DPD puede ejercer sus funciones de supervisión de manera independiente, con acceso a los máximos responsables de la toma de decisiones y recursos adecuados.

Los resultados varían entre los cuatro municipios, y la AP ha advertido de que no debe considerarse que un número reducido de visitas sea representativo de todos los municipios neerlandeses. No obstante, la atención reiterada a estos tres ámbitos ofrece una referencia útil para evaluar el cumplimiento de los organismos públicos y otras organizaciones que tratan datos personales en el marco de operaciones complejas.

Los registros de actividades de tratamiento deben ser suficientemente precisos para garantizar la responsabilidad proactiva

Un registro de actividades de tratamiento no es simplemente un inventario elaborado para cumplir con el artículo 30 del RGPD. Debe ayudar a la organización a comprender qué datos personales utiliza, con qué finalidades, sobre qué bases jurídicas, con quién se comparten y durante cuánto tiempo se conservan. Si las entradas son imprecisas, incompletas o están desactualizadas, el registro no puede servir de apoyo fiable para la evaluación de riesgos, la transparencia, la conservación de datos o el ejercicio de los derechos de los interesados.

Las visitas a los municipios ilustran esta cuestión. La AP constató que el registro de Kerkrade contenía elementos todavía pendientes de investigación y descripciones que no siempre permitían identificar con suficiente claridad la finalidad, la base jurídica o los datos implicados. Groningen mantenía un registro público que abarcaba cientos de actividades de tratamiento, pero muchos plazos de conservación seguían sin determinarse o estaban formulados de manera demasiado imprecisa. Además, la AP cuestionó las bases jurídicas registradas para algunas actividades.

Para los DPD y los equipos de privacidad, la principal lección práctica es la necesidad de asignar la responsabilidad de cada entrada a la correspondiente área de negocio y establecer un ciclo periódico de revisión. El registro debe reflejar la realidad operativa y constituir un punto de partida fiable para otros mecanismos de cumplimiento, en lugar de funcionar como un documento estático mantenido exclusivamente por el departamento de privacidad.

Las EIPD deben realizarse a tiempo, ser completas e integrarse en la toma de decisiones

Los resultados de la AP también demuestran por qué el número de EIPD completadas no es el único indicador relevante. Breda y Groningen habían realizado un trabajo considerable en materia de evaluaciones, pero la AP seguía identificando deficiencias, como operaciones de tratamiento pendientes de evaluación y casos en los que el asesoramiento del DPD no se había documentado de forma sistemática. Doesburg reconoció que era necesario realizar más EIPD, mientras que Kerkrade identificó, tras la visita de supervisión, un importante volumen de tratamientos potencialmente de alto riesgo pendientes de evaluación.

Una EIPD debe realizarse antes de que comience un tratamiento de alto riesgo y con suficiente antelación para poder influir en su diseño. Debe evaluar una operación de tratamiento, en lugar de limitarse a describir una aplicación, identificar los riesgos para las personas, documentar las medidas adoptadas para mitigarlos e incluir el asesoramiento del DPD. Cuando persista un alto riesgo residual, el responsable del tratamiento deberá valorar la necesidad de realizar una consulta previa a la autoridad de control conforme al artículo 36 del RGPD.

Por tanto, las organizaciones deberían integrar el proceso de EIPD en los procedimientos de contratación, aprobación de proyectos, cambios tecnológicos y rediseño de servicios. Un plan basado en el riesgo puede ayudar a abordar las evaluaciones pendientes acumuladas, pero no debe utilizarse como justificación para iniciar nuevos tratamientos de alto riesgo antes de completar la evaluación exigida.

La independencia del DPD depende de su posición jerárquica, acceso a la dirección y recursos

Tras las primeras visitas a los municipios, la AP publicó aclaraciones adicionales sobre la posición de los DPD. La autoridad destacó que el DPD debe poder actuar como interlocutor del máximo nivel directivo en el que se adoptan decisiones estratégicas importantes. Su participación oportuna en las EIPD, el acceso directo a la dirección y la disponibilidad de tiempo y conocimientos especializados suficientes son elementos esenciales para garantizar la eficacia de esta función.

Las comunicaciones de la AP muestran que la designación formal de un DPD no es suficiente. La autoridad expresó su preocupación por situaciones en las que las funciones del DPD incluían tareas operativas que podían entrar en conflicto con su labor de supervisión independiente, en las que los canales de comunicación retrasaban el acceso al órgano de gobierno responsable o en las que la falta de recursos limitaba su capacidad para asesorar y supervisar. La ubicación jerárquica también puede generar riesgos si el DPD depende de un departamento cuyas decisiones debe poder examinar.

Los responsables del tratamiento deberían documentar el mandato del DPD, su línea de reporte y sus derechos de acceso, diferenciar las responsabilidades de asesoramiento y supervisión de las funciones operativas y garantizar que la dirección tenga en cuenta sus recomendaciones antes de adoptar decisiones definitivas. Cuando no se siga su asesoramiento, deberían documentarse los motivos.

Las visitas posteriores demuestran que la AP espera mejoras medibles

En su comunicación al municipio de Kerkrade, la AP describió resultados preocupantes y exigió al municipio que informara sobre los avances de su programa de EIPD y la revisión de las condiciones en las que el DPD desempeña sus funciones. Esto demuestra que las visitas de supervisión pueden ir más allá de las recomendaciones generales cuando los mecanismos fundamentales de gobernanza siguen siendo incompletos.

En su comunicación tras la visita a Groningen, la AP señaló que el marco básico de cumplimiento parecía estar establecido, aunque formuló recomendaciones en relación con las EIPD, la posición del DPD y el registro de actividades de tratamiento. La comparación es importante: disponer de documentación aparentemente consolidada no elimina la necesidad de comprobar si las bases jurídicas y los plazos de conservación son correctos, si se recaba sistemáticamente el asesoramiento del DPD y si este dispone de suficiente independencia y recursos.

Los organismos públicos deberían revisar estos mecanismos antes de que la autoridad de control solicite pruebas de cumplimiento

El enfoque de la AP ofrece una referencia práctica para evaluar el grado de preparación de una organización. Esta debería poder presentar un registro de actividades de tratamiento actualizado, identificar qué actividades requieren una EIPD, demostrar que las evaluaciones se completaron antes de adoptar las decisiones correspondientes y acreditar cómo se trasladó el asesoramiento del DPD al nivel directivo adecuado. También debería poder explicar quién es responsable de subsanar las deficiencias detectadas y cómo se supervisan los avances.

Estas lecciones van más allá de los municipios. Cualquier organización con servicios descentralizados, sistemas heredados o un gran número de actividades de tratamiento puede presentar las mismas deficiencias: responsabilidades poco claras, registros incompletos, EIPD realizadas fuera de plazo y DPD con recursos insuficientes. Las revisiones internas periódicas de estos elementos fundamentales pueden ayudar a detectar problemas antes de que queden integrados en los sistemas operativos o atraigan la atención de las autoridades de control.

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