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Dos senadores de Estados Unidos proponen un proyecto de ley para vetar de manera temporal el uso de reconocimiento facial por el Gobierno.

Dos senadores demócratas estadounidenses han presentado un proyecto de ley para vetar de manera temporal el uso de reconocimiento facial por el Gobierno Federal hasta que el Congreso apruebe normativa al respecto.

Como respuesta al rápido desarrollo de la tecnología de reconocimiento facial, dos senadores demócratas estadounidenses, Cory Booker y Jeff Merkley, han solicitado un veto temporal en su uso por el Gobierno Federal. Aunque se han dado iniciativas previas para regular varios aspectos del reconocimiento facial, ninguna de ella está en vigor por no haber sido aprobadas por el Congreso. A pesar de que existen opiniones enfrentadas a este respecto, parece que existe consenso en cuanto a la necesidad de imponer algún tipo de freno temporal. Algunas asociaciones por los derechos de los ciudadanos también han sido muy críticas con el uso de esta tecnología, considerada “vigilancia sin garantías”.

El reconocimiento facial presenta así algunos desafíos importantes.

El reconocimiento facial puede ser impreciso o estar sesgado.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) publicó el pasado mes de diciembre un estudio sobre lo que se ha denominado “variables demográficas”. Se trata de un factor que puede reducir la precisión de la tecnología según la edad, género o raza. Según el periódico “The Hill”, muchos otros estudios han descubierto que esta tecnología tiende a presentar errores más frecuentes cuando se trata de identificar mujeres o personas de color.

En palabras de Cory Booker, “La tecnología de reconocimiento facial ha demostrado que es imprecisa – identificando y catalogando con errores a mujeres y personas de color. Para proteger la privacidad y la seguridad, el Congreso debe trabajar en las normas que indiquen el camino hacia un uso responsable por parte del Gobierno Federal”.

Uso ético de la tecnología de reconocimiento facial.

La normativa propuesta el mes pasado por los senadores demócratas Jeff Merkley y Cory Booker, conocida como la Ley de Uso Ético del Reconocimiento Facial, impondría un veto temporal en el uso de esta tecnología por parte del Gobierno Federal, hasta que el Congreso aprobase la legislación correspondiente. Además, se paralizaría también el gasto federal y local en la misma y se formaría una Comisión para ofrecer recomendaciones al Congreso de cara a un futuro uso del reconocimiento facial por parte del Gobierno Federal. Dicha Comisión estaría en funcionamiento durante los primeros 18 meses tras aprobarse el Proyecto de Ley.

Como señalábamos en el blog de Aphaia hace dos meses, la UE también está considerando imponer un veto de 3 a 5 años en el uso de reconocimiento facial en lugares públicos.

¿Cuáles son las implicaciones de esta legislación?

Aunque la Ley de Uso Ético del Reconocimiento Facial ya se ha presentado, su implementación podría ser lenta, como ya ha ocurrido con Proyectos de Ley similares. El año pasado se presentó un Proyecto de Ley que requería la recogida de consentimiento por parte de las empresas antes de utilizar tecnología de reconocimiento facial en espacios públicos y compartirla con terceros. Un caso más reciente fue el del Proyecto de Ley que imponía la obtención de órdenes judiciales para el uso de software de reconocimiento facial para vigilancia masiva. Hasta la fecha ninguna de estas iniciativas ha avanzado en el Congreso.

La Sección 2 del Proyecto de Ley establece que:

(4) Hay evidencia de que el reconocimiento facial se ha utilizado en protestas y manifestaciones, lo que podría afectar al discurso. (5) Es esencial que el reconocimiento facial no se utilice para reprimir actividades relacionadas con la Primera Enmienda, violar la privacidad o afectar de manera negativa a los derechos y libertades civiles.

En caso de aprobarse, esta legislación prohibiría al Gobierno Federal emplear esta tecnología hasta que el Congreso aprobase legislación para su regulación, de manera que se minimizase el riesgo para los derechos y la privacidad de los ciudadanos.

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